Los radicales al interior de la coalición gobernante perdieron una partida, otra vez, en la batalla por el control del INE.

La aprobación por mayoría calificada del Congreso de 4 nuevos integrantes es una buena noticia para el país porque muestra el funcionamiento de equilibrios y de los órganos colegiados contra posiciones intransigentes de Morena y del PT. El frenón a esas alas duras partidistas mostró las divisiones internas, pero, sobre todo, que las posiciones más estridentes y extremas del “todo o nada” no dominan la operación de decisiones importantes, por más que sean más visibles y sonoras en medios y redes sociales.

Pese a los presagios catastrofistas en la renovación del Consejo General, los candados de la ley funcionaron como disuasivo en favor del consenso. De no haber llegado a un acuerdo, el Congreso habría tenido que elegir por sorteo o encajar la derrota de entregar el asunto a la SCJN. La incapacidad para elegir entre los 20 candidatos del Comité de Selección habría sido muy costosa para la estabilidad política en los comicios de 2021 y la imagen de los legisladores. Peor todavía si se hubieran impuesto el grupo de 33 legisladores de Morena y del PT que pretendían boicotearlo para capturar la autonomía del INE al servicio de sus intereses. Algo que Muñoz Ledo calificó como “golpismo” en calar expresión de los choques dentro de Morena, aunque no la única. Una integrante del Comité, Sara Lovera, alertó a Morena y al grupo político de John Ackerman de avalar “un personaje poco confiable” y “mentiroso” por su intención de descalificar y echar abajo el proceso. Integrantes de ese grupo, como Martí BatresIrma Sandoval o el petista Fernández Noroña no acusaron recibo y, por el contrario, salieron a cobijarlo.

 

La disputa por el INE es un asunto explosivo para el gobierno de la 4T y pasto seco en la lucha electoral de 2021. El presidente López Obrador tomó distancia de los radicales, a pesar de su desconfianza manifiesta hacia el INE por su aversión a lo que huela al pasado y sus “cuentas pendientes” por las denuncias de fraude en las derrotas de 2006 y 2012. Se limitó a conminar a no hacer “enjuagues”, en alusión al reparto de cuotas entre partidos para negociar acuerdos, cuando antes había expresado descalificaciones muy fuertes del INE como “guardián” de la limpieza electoral. En decisiones trascendentes como ésta parece escuchar a las posturas moderadas, aunque sin silenciar a minorías estridentes, de las cuales pueda echar mano cuando necesite subir el fuego a la confrontación en el fragor de la campaña por el Congreso en 2021.

Por eso sería demasiado optimista pensar que el acuerdo abra paso a una menor presión hacia el árbitro electoral, que en las próximas campañas tendrá una agenda de temas álgidos por la visibilidad de las conferencias mañaneras y las prohibiciones para los funcionarios públicos de hacer campaña con propaganda personalizada, de acuerdo con el artículo 134 constitucional. También será muy delicada la forma de operar la política social con la entrega de dinero en efectivo a la ciudadanía y las malas prácticas clientelares a que ello ha dado lugar para la compra y coacción del voto.

La relación de López Obrador con el INE no será fácil. Y los grupos radicales ya velan armas para denunciar fraude como parte de las estrategias de chantaje cuando los resultados electorales no favorecen a su causa. En la derrota advierten que el acuerdo es un “mal precedente de impunidad para el futuro” (Ackerman) y rechazan al titular del INE, Lorenzo Córdova, porque los actuales consejeros fueron del PRI y el PAN (Batres), aunque los moderados ya preparan un acercamiento con el árbitro. Para los radicales, aquí comenzó la crisis poselectoral de 2021, que los moderados se apresuran a desactivar.

El saldo es dejar ver cada vez más rupturas (traiciones, dicen los radicales) al interior de Morena, que anticipan el interés de los grupos por situarse en la carrera presidencial. Los radicales están cada vez más lejos de la parrilla de salida porque la intransigencia limita construir redes para avanzar; mientras que los moderados mantienen el sigilo y la interlocución institucional para preservar las condiciones de la lucha por el poder en la sucesión presidencial, que pasa por el resultado de 2021.

José Buendía Hegewisch